Lunes 16 de Septiembre de 2019

Especialistas y funcionarios señalaron la importancia de contar con un protocolo ASI unificado en todos los Caps para no revictimizar y activar los mecanismos de protección a niños, niñas y adolescentes

28/08/2019 - 09:19

Fue en el marco de la Comisión de Salud Pública, Medio Ambiente y Discapacidad -en una reunión ampliada con la Comisión de Equidad de Género- del Concejo Deliberante de Posadas realizada hoy donde se trató el proyecto de ordenanza Protocolo de Actuación en casos de abuso sexual y maltrato infanto-juvenil (ASI)” destinado a ejecutarse en los Centros de Atención Primaria de Salud (CAPS) municipales presentado por la edil Natalia Giménez.

Además de los concejales que conforman las dos comisiones, participaron especialistas en la materia y funcionarios de las diferentes áreas intervinientes como el abogado Marcelo Sussini de la Defensoría de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes de Misiones; Alejandro Martínez, secretario de Salud de Posadas;  Thelma Róttoli, directora de Zona Capital Sanitaria del ministerio de Salud de Misiones y Leopoldo Benítez, jefe del Área Programática 1 (Posadas/Garupá) de la Zona Capital Sanitaria del ministerio de Salud de Misiones. También participaron la dra. especialista en ginecología infanto juvenil Cecilia Roses; la licenciada en psicología y especialista en Adolescentes, Patricia Smit, y  Giselle Galarza, que ideó la propuesta en el marco del Parlamento de la Mujer 2019.

Durante la reunión quedó plasmada la necesidad de contar con un protocolo de actuación en casos de abuso sexual y maltrato de niños, niñas y adolescentes (NNyA) unificado que permita una rápida actuación; que active mecanismos integrales de protección de las víctimas como sujetos de derecho; que pueda darle continuidad a la atención psicológica luego y también que evite la revictimización de los involucrados.

Giménez explicó que la iniciativa que tiene como objetivo la creación de una guía de acción ante casos de abuso sexual y maltrato infanto-juvenil, el cual permita orientar a los trabajadores municipales de la salud, brindando herramientas que les permitan proseguir ante el descubrimiento de una de estas situaciones. El sentido de dicho protocolo está vinculado a la rápida y eficaz detección y actuación, habilitando la derivación para su tratamiento y proceso judicial, privilegiando siempre la no revictimización y cuidado integral de los niños, niñas y adolescentes involucrados.

 

Además, resaltó la importancia de que tiene el HCD como política de apertura y diálogo que permite contar con los aportes de vecinos, especialistas y funcionarios y de esta forma optimizar las iniciativas legislativas.

 

Marcelo Sussini

Sussini celebró la iniciativa y aportó que no se debe dejar de lado la cuestión de proteger a las víctimas. “Un eje importante a tener en cuenta en el protocolo es implementar medidas inmediatas de protección para los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho mientras el sistema judicial actúa”, indicó.

Mientras que el secretario de Salud del municipio indicó que “si bien hay trabajadores  que se involucran cuando sospechan casos de abuso, la falta de un protocolo puede abrir distintas vías de acción lo que implica demoras de actuación y revictimización”.

 

Asimismo, Róttoli destacó que a partir de octubre del año pasado el abuso sexual infantil es considerado un delito de acción pública, tras aprobarse la ley 27.455 que modificó el artículo 72 del Código Penal. Y celebró la iniciativa. “Necesitamos una guía de acción unificada y que pueda aplicarse no solo en el municipio sino también en la provincia. Es algo en el que también venimos trabajando, ya que tenemos casos de abusos todos los días”, dijo.

Thelma Róttoli

 

Mientras que la doctora Roses, que se desempeña también el sector público (Hospital de Fátima), advirtió que “además de la necesidad de que exista un protocolo que unifique criterios  es fundamental la capacitación y formación”.

“Los médicos lidiamos a diario con casos de abuso pero desconocemos muchas veces la parte legal por eso la formación es esencial. Y la importancia del protocolo radica en que todos manejemos un mismo idioma y se pueda trabajar interdisciplinariamente: médicos, abogados, psicólogos, trabajadores sociales, entre otros”, añadió.

Señaló que la mayoría de los casos de abuso se dan en el seno intrafamiliar, siendo en gran número niñas de entre 11 y 15 años.

Cecilía Roses

 

Algunas estadísticas

 

Un informe de Unicef sobre violencia contra niños, niñas y adolescente reveló que en 2018 se registraron 1.333 llamados más que en el año anterior (3.576). Los 3.090 casos/llamados pertinentes son aquellos vinculados a violencia sexual, representan casi el doble de los casos registrados en 2017 (1.565). Las víctimas atendidas por el Programa fueron 3.230 niñas, niños, adolescentes y adultas/os y la cantidad de NNyA víctimas atendidas fueron 1.985. 

El trabajo surgió del análisis de la información recabada a través de los llamados al 0800-222-1717 del programa Las Víctimas Contra Las Violencias y de las líneas 137 de CABA, Chaco, Chubut y Misiones recibidos entre octubre de 2017 y septiembre de 2018. 

La mayor cantidad de víctimas de violencia sexual atendidas por el Programa eran niñas, niños y adolescentes (61,5%). 

En Misiones se atendieron entre octubre de 2017 y septiembre de 2018 1673 llamados (por violencia familiar y sexual que incluyeron N N y A y adultos) y se acompañó  en terreno a 434 víctimas.

En sus consideraciones finales, Unicef sostuvo que “el abuso sexual contra niños y niñas constituye un problema creciente a nivel mundial. Pese a ello, la mayoría de los casos no son detectados ni denunciados. De acuerdo con datos mundiales, 1 de cada 5 mujeres y 1 de cada 13 varones han declarado haber sido abusados sexualmente durante su niñez. Del total de víctimas de violencia sexual atendidas por el programa Las Víctimas Contra Las Violencias, el 62% son niñas, niños y adolescentes”. 

Y añadió que  “ 9 de cada 10 adolescentes mujeres declaran haber sido abusadas sexualmente por un miembro de su familia o entorno cercano. Los datos analizados en este fascículo van en esa dirección: más del 77% de las víctimas son violentadas sexualmente por alguien de su entorno, fundamentalmente con vínculo familiar (57%). Esto implica una vulnerabilización aún mayor de las víctimas, dado que quienes vulneran sus derechos son quienes deberían resguardarlos. El 76% de las víctimas NNyA son femeninas, y el 88% de los agresores, masculinos, lo que muestra a las claras, también, qué grupo social es el más afectado por este tipo de delitos”.